La sedición violenta que ejecutan partidos políticos de la ultraderecha venezolana contra la democracia y el Gobierno legítimamente electo ha cumplido varias fases. La más reciente tiene su origen en la llamada "fiesta mexicana", la reunión efectuada en 2010, en Ciudad de México, a la cual asistieron dirigentes venezolanos comprometidos con el actual Golpe de Estado que ha cobrado la vida de 41 personas.
El plan de sedición tiene su basamento en la supuesta lucha "pacífica", "no violenta", como lo postulan las tácticas del estadounidense Gene Sharp, que consiste en desatar la violencia en el país utilizando, como subterfugios, dos frentes de ataque: Derechos Humanos y narcotráfico, que justificaría la sublevación de "un grupo de estudiantes pacíficos y desarmados", ocultando que se trata de bandas entrenadas por paramilitares y contratadas por los partidos políticos de ultraderecha, para realizar la "guarimba", el método violento -ya controlado- que les sirven como escenario de vandalismo, acciones fascistas y asesinatos.
A los integrantes de las bandas armadas se les paga 5.000 bolívares semanales, dinero que viene de los bolsillos de los participantes y organizadores de la fiesta mexicana, entre los que se encuentra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, líder del paramilitarismo en su país.
El gran operador del plan que sostiene a los "guarimberos" es Gustavo Tovar Arroyo, indicó este viernes, en rueda de prensa el ministro de Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quien recordó que entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre de 2010 se dio la "fiesta mexicana", con participación de Yon Goicoechea, Manuela Bolívar; el actual alcalde de El Hatillo (Miranda), David Smolansky, el violento dirigente del Movimiento 13, Vilka Fernández, el ex alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos; el concejal del minoritario partido Voluntad Popular, Freddy Guevara; el ex dirigente estudiantil de derecha, Roderick Navarro, entre otros.
En la reunión se encontraban venezolanos radicados fuera del país como el banquero prófugo de la justicia, Eligio Cedeño, quien tiene asilo en Estados Unidos, tras huir de Venezuela para evadir los cargos de distracción de recursos financieros en grado de autor.
El lugar de la reunión fue la casa del abogado Gustavo Tovar Arroyo, en México, quien se encarga de buscar financiamiento, a través de banqueros venezolanos, como Cedeño, Gustavo Tovar Arroyo tiene conexiones con Otto Reich, vinculado con la central de inteligencia norteamericana (CIA, por sus siglas en inglés).
Luego de la reunión de México, los dirigentes de ultraderecha comenzaron a desarrollar el Plan País, a cargo de Humberto Prado, que consistió, entre otras acciones, en promover hechos de violencia en los centros penitenciarios de Venezuela, como parte de sus pretensiones para derrocar el Gobierno Bolivariano.
En abril de 2012, se llevó a cabo un encuentro con dirigentes de oposición, donde estuvieron Tamara Sujú, Gonzalo Himiob y Loren Salet, además de integrantes de las organizaciones extremista Movimiento 13 y de la Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU), éste último financiado por el ex gobernador de Carabobo, Henrique Salas Römer.
Un año después, abril de 2013, desarrollaron el plan de violencia post electoral, con un saldo de 11 personas, relacionadas a la Revolución Bolivariana, fallecidas.
En ese momento el plan se denominó "Encendido de la calles". Tras labores de inteligencia fue capturado el 24 de abril el cineasta estadounidense Timothy Hallet Tracy, quien cuenta con preparación en materia de inteligencia y quien en ese momento sirvió como enlace entre los financistas extranjeros y los grupos extremistas en Venezuela como JAVU y Movimiento 13, para generar los hechos violentos del 15 de abril de ese año.
En 2014 la situación no fue distinta. La operación "La Salida" comenzó a desarrollarse a inicio de este año para ir contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien se ha comprometido con el pueblo a seguir el camino de Hugo Chávez, de defender los intereses de la patria y de su pueblo.
En ese sentido, el ministro Rodríguez Torres recalcó que "lo que está ocurriendo en Venezuela no son hechos espontáneos", sino operaciones que emergen de un solo plan con dos objetivos: derrotar la Revolución Bolivariana y retomar el poder sobre lo recursos naturales de los venezolanos.
Conexiones de Tovar Arroyo
Durante todos estos años de planes, embestidas y ataques contra el Gobierno de Venezuela, Gustavo Tovar Arroyo ha mantenido constante conexión con Leopoldo López, quien a su vez hace enlace con Manuela Bolívar, Yon Goicoechea, David Smolansky, Vilka Fernández, Daniel Ceballos, Freddy Guevara, Roderick Navarro, Juan Requesens, entre otros.
Además, Tovar Arroyo sostiene permanente comunicación con el ex presidente de México, Vicente Fox, y con José Antonio Colina Pulido, un militar retirado involucrado en la colocación de bombas en la Embajada de España y el Consulado de Colombia, en Venezuela, en febrero del año 2003, cuando el Presidente Hugo Chávez presidía las mesas de diálogo con la oposición venezolana, tras el golpe de Estado fallido de 2002.
Además de ser Tovar Arroyo uno de los principales participantes para derrocar al gobierno democrático de Venezuela, también en el largo listado destaca Uribe Vélez.
Esa vinculación no es nueva. En abril de 2006, el ex jefe de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, Rafael García, -preso desde el 2005 en su país por vínculos con el narcotráfico y paramilitarismo- reveló que el ex director del DAS, Jorge Noguera, colocó esta institución del Gobierno colombiano al servicio de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y participó en los planes para asesinar al presidente venezolano, Hugo Chávez.
Durante unas declaraciones a la prensa, García señaló además los aportes realizados, en 2002, por los paramilitares a la campaña presidencial de Álvaro Uribe, quien sería reelecto en 2006.
En 2012, el ex jefe de las AUC, Salvatore Mancuso, confirmó los nexos de Uribe con el paramilitarismo.
El ex jefe de informática del DAS mencionó que el empresario cubano-venezolano, Robert Alonso, residenciado en Miami, fue uno de los protagonistas claves del plan de magnicidio contra el presidente Chávez descubierto el 9 de mayo de 2004, cuando en la hacienda Daktari (propiedad de Alonso), ubicada en el estado Miranda, fueron capturados 153 paramilitares colombianos que habían sido contratados y trasladados a territorio nacional para asesinar al mandatario venezolano.
Alonso fue el enlace en Venezuela para que los paramilitares, ligados al Gobierno de Álvaro Uribe, entraran infiltrados al país con el apoyo del entonces director del DAS, Jorge Noguera.
"Lo que está viviendo Venezuela es, sin duda alguna, un plan de conspiración insurrecional con fines claros de derrocar el Gobierno legítimamente instaurado en el país", alertó el ministro.
Agregó que, ya descubierto y controlado este plan, la ultraderecha tiene como nuevo método la "violencia selectiva" y puso como ejemplo el asesinato del presidente del Concejo Municipal de Caracas, Eliézer Otaiza.
Ante ello, exigió la dirigencia opositora venezolana "hacer un ruptura tajante, clara y concisa, delante del país, entre quienes han decidido avanzar en el camino de la democracia y este grupo que ha decidido usar la violencia y el terrorismo como métodos para alcanzar el poder en Venezuela".
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